El Parlamento debate eliminar el ‘tasazo’ de Gallardón en los casos de violencia de género

Llevan un año gobernando, y no hay ni una sola medida nueva en materia de violencia de género

El PP deberá pronunciarse este martes sobre una iniciativa del PSOE que pide eliminar las tasas judiciales en todos los casos relacionados con la violencia de género. La proposición no de ley de los socialistas se debatirá y votará en el pleno del Congreso de los Diputados


El PSOE obligará al PP a retratarse sobre la eliminación de tasas en los casos de violencia de género en una votación que se celebrará este martes en el pleno del Congreso de los Diputados y que forma parte de la batería de propuestas puestas en marcha por el Grupo Socialista para frenar lo que se conoce como el ‘tasazo’ de Gallardón.

La proposición no de ley (PNL) del PSOE se presentó el pasado 7 de noviembre, días antes de conocerse la nueva Ley de Tasas Judiciales anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En la iniciativa, los socialistas piden eliminar el copago judicial en los casos relacionados con la violencia machista, tal y como reclamaba este domingo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

La autora de la iniciativa, la diputada socialista Ángeles Álvarez, hablará este martes con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, para intentar alcanzar un acuerdo que no se prevé fácil a tenor de las declaraciones hechas este fin de semana por la ministra Ana Mato, que anunció una excepción a dichas tasas solo para aquellas mujeres maltratadas con hijos menores, de todo punto insuficiente, en opinión del PSOE.

Los socialistas vienen tiempo criticando la inacción del Gobierno de Rajoy en materia de violencia de género. La ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España, ahora en vigor, fue impulsada por el Ejecutivo de Zapatero, saliendo aprobada en diciembre de 2004. A partir de ese momento, el PSOE en el poder puso en marcha un sistema público de protección para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia a la par que prestar asistencia a sus víctimas.

Todo el desarrollo de la ley se quedó paralizado con la llegada al poder del PP. “Llevan un año gobernando, y no hay ni una sola medida nueva”, critica Ángeles Álvarez, que pone en cuestión los anuncios hechos hasta ahora por el Ejecutivo ‘popular’. En concreto, se refiere a lo dicho el pasado viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se limitó a avanzar el compromiso del Ejecutivo para poner en marcha una “estrategia nacional contra la violencia de género”, lo mismo que ya anunció Ana Mato en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso justo después de tomar posesión de su cargo, y que aún no se ha concretado en nada.

“Han sido incapaces de mostrar ni una sola medida específica”, insiste la diputada del PSOE en declaraciones a nuevatribuna.es. Y aún peor. Tras conocer la PNL, el PP presentó su propia iniciativa parlamentaria anunciando una cartera de servicios sociales en materia de violencia de género, cuando la competencia es de las propias Comunidades Autónomas que ya lo están desarrollando.

El PSOE no esta dispuesto a aceptar limitaciones a su PNL: “Si nos hacen una propuesta que no sea la literalidad de lo que hemos incluido, es decir, que todos los casos que se vean en los juzgados de violencia estén exentos de tasa no aceptaremos. No podemos aceptar que unas sí y otras no. Si lo que nos van a plantear está en la línea de la insinuación que ha hecho Ana Mato el fin de semana, solo para hijos menores, no, resultaría incomprensible”, advierte Ángeles Álvarez.

Con la iniciativa que se debate este martes, el PSOE pretende poner a prueba al Gobierno con el ‘tasazo’ de Gallardón, en una materia tan sensible como son los casos de violencia de género. Pero la estrategia del PSOE no se queda ahí. Los socialistas presentarán esta semana un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, a lo que se añade la batería de enmiendas presentadas la semana pasada para ser debatidas en comisión parlamentaria.

CCOO dice que la crisis no puede ser una excusa para no avanzar en igualdad

El sindicato CCOO, que ha celebrado hoy una jornada sobre acoso sexual en el trabajo y una concentración contra la violencia machista, sostiene que la crisis no puede servir de excusa para restar recursos con los que avanzar en la igualdad.

La jornada ha contado con la participación de José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra; Pilar Arriaga, secretaria de Acción Sindical y Mujer; Fernando Lousada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; Natividad Mendoza, profesora de la Universidad de Castilla la Mancha; y Susi Brunel, de la secretaría confederal de la Mujer de CCOO.

En la apertura, Arriaga se ha referido a las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en España y ha reafirmado el apoyo de CCOO a esas víctimas y el compromiso del sindicato de seguir luchando para terminar con esta lacra social.

"La crisis no puede ser una excusa, es fundamental que se sigan destinando recursos a la igualdad. Desde CCOO lucharemos desde la negociación colectiva y el diálogo social para que se recojan cláusulas y políticas de igualdad y, en nuestro día a día, continuaremos asesorando a las mujeres, ofreciéndoles información sobre sus derechos y sensibilizando a la sociedad", ha dicho.

Molinero por su parte ha afirmado que con esta jornada se pretende dar luz a un problema muy importante, el de la violencia de género y acoso sexual en el trabajo, que sitúa a la mujer en los roles más bajos tanto en el entorno laboral como en el entorno social.

En este sentido ha indicado que "entre todos debemos evitar que suceda, porque las secuelas, incluso una vez cesada la violencia, son dramáticas para la mujer".

Molinero se ha referido también al aumento del empleo no declarado en el colectivo de las mujeres y al respecto ha indicado que en este contexto de crisis "cae el empleo y cae el empleo no declarado de hombres, sin embargo crece el empleo no declarado vinculado a mujeres, con las dificultades que eso conlleva en términos de legalidad, dignidad y estabilidad".

En el descanso de la jornada ha tenido lugar una concentración en la puerta del sindicato bajo el lema "Bloquea el maltrato. Reinicia tu vida", en la que se han mostrado pancartas con varios nombres de mujeres

El Gobierno creará una ventanilla única para ayudar a maltratadas

"En todos los procesos judiciales de violencia de género, las víctimas están exentas del pago de las tasas", ha dicho Mato

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra de Sanidad anuncia que, con la nueva medida, las mujeres "no tendrán que recorrer las distintas administraciones".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado la próxima aprobación de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que incluirá una "ventanilla única" para centralizar la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género
Mato ha avanzado la puesta en marcha de este plan en un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este sentido, ha explicado que, con la nueva medida, las mujeres "no tendrán que recorrer las distintas administraciones para obtener la ayuda necesaria para salir de la dramática situación que están sufriendo". "Serán las Administraciones las obligadas a ponerse de acuerdo para coordinarse y prestar de forma más eficaz y organizada la atención a estas mujeres", ha afirmado durante su intervención. Además, en el ámbito de este acercamiento de los recursos, la ministra ha señalado que "en todos los procesos judiciales de violencia de género, las víctimas están exentas del pago de las tasas".
Asimismo, ha anunciado que el próximo mes de abril España organizará un encuentro sobre violencia de género, en colaboración con la Comisión Europea y la que acudirán la mayoría de los países de la UE. La reunión, en la que participará la mayoría de socios comunitarios, se centrará en las tecnologías de la información y la comunicación en la lucha contra la violencia de género, según ha explicado. "Servirá para compartir experiencias y buenas prácticas que mejoren la atención y protección a las mujeres, porque sin duda, el camino para que las víctimas puedan retomar una vida en libertad pasa por una acción firme y coordinada que cubra todos los ámbitos", ha explicado.

Mato ha trasladado este mensaje de condolencia a los familiares de las 43 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año. Durante el homenaje a las víctimas que ha presidido, se ha encendido un pebetero en memoria de estas mujeres y se ha leído, uno por uno, los nombres de todas las fallecidas.
Tras poner de manifiesto su "más firme rechazo contra cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres", Mato ha reiterado el compromiso del Gobierno y su "empeño personal para trabajar por erradicar esta lacra". "Ni todas las palabras del mundo pueden consolar el dolor ocasionado por una pérdida tan injusta", ha asegurado.
La ministra ha reconocido que "queda mucho por hacer", pues a pesar de los avances, hoy "el miedo sigue presente" en la vida de muchas mujeres. Sin embargo, Mato ha asegurado que es posible vencerlo y "romper el silencio". Pero no es una tarea sólo de las víctimas, sino de toda la sociedad. Además, ha destacado durante su intervención la constitución de la Plataforma 'Hay salida a la violencia de género', en la que, de forma voluntaria y desinteresada, empresas, personas del mundo de la cultura y el deporte colaboran para erradicar la violencia de género prestando su imagen, su trabajo y su experiencia.
"El Gobierno impulsa y apoya esta iniciativa para que se extienda a toda la sociedad", ha asegurado Mato. Además, ha resaltado los 34 convenios ya firmados con empresas para la sensibilización e inserción laboral de las víctimas, en el marco de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Mato ha destacado también que las víctimas en una situación más vulnerables tendrán garantizada su atención. Así, a través de los planes personalizados se darán "respuestas específicas" para menores, mayores de 65 años, con discapacidad, inmigrantes o del medio rural.

Volver a pensar en la violencia contra las mujeres

Rosa Cobo - Profesora de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma ciudad

En estos tiempos de desconcierto e incertidumbre es necesario volver a pensar en la violencia contra las mujeres. Más aún, es necesario redefinir el propio concepto de violencia de género. Y es que en medio de este cambio de modelo social, concretado en amplios y profundos recortes en los pilares básicos del estado de bienestar, se están desdibujando en la opinión pública los agujeros específicos de desigualdad que afectan a las mujeres.

Se ha instalado con mucha fuerza en nuestro imaginario colectivo la idea de que las agresiones y los asesinatos a mujeres son un hecho inevitable con el que tenemos que contar cotidianamente. Y lo cierto es que cuando consideramos inevitable un fenómeno social lo convertimos en parte de un orden ‘natural’ de las cosas, es decir, lo naturalizamos. Aceptamos que es una barbarie y lo sacamos a la superficie para así tranquilizarnos. Creemos que si lo hacemos visible ya estamos luchando contra ello. Y sin lugar a dudas este es el primer paso, pero es insuficiente.

En el año 2004, el gobierno socialista aprobó una ley contra la violencia de género. Esa nueva legislación fue un paso adelante y supuso el reconocimiento de la lucha del movimiento feminista para que se dejase de considerar un asunto privado y pasional lo que era una forma de violencia contra las mujeres. Ha sido, sin duda, una ley importante, pero las agresiones y los asesinatos de mujeres nos muestran que la barbarie no se ha detenido con la ley y que, por eso mismo, es insuficiente.

Uno de sus efectos positivos es que ha abierto un debate social y con ello ha contribuido a cambiar el umbral de la tolerancia hacia la violencia patriarcal. Este debate que se ha abierto en la sociedad ha desembocado en la formación de una opinión pública crítica con la violencia de género. Sin embargo, este hecho también es insuficiente y por eso se impone una reflexión sobre las causas que hacen posible esa barbarie.

La fatalidad que rodea la lucha contra la violencia de género no es inocente. Las ideas no se instalan azarosamente en el imaginario colectivo. Se instalan sólo aquellas que encuentran un suelo fértil en el que crecer. Y ese suelo es el discurso de la inferioridad de las mujeres. Ese prejuicio está tan profundamente arraigado en las mentalidades que se ha convertido en el fundamento de la desigualdad de género.

Cuando las mujeres asumen como natural el trabajo gratuito del hogar o consideran que la maternidad es un asunto fundamentalmente de las madres están rearmando material y simbólicamente la ideología de la inferioridad de las mujeres. Cuando los varones creen que el trabajo del hogar y del cuidado es responsabilidad de las mujeres están colaborando con esa ideología que legitima la subordinación de las mujeres. Cuando los varones ejercen el poder sin compartirlo con ellas y sancionan ese hecho con argumentaciones relativas a que lo importante son las políticas que se hacen y no el género de quien las hace, refuerzan esa ideología que finalmente hace posible que las mujeres sean objeto de la violencia masculina.

Cuando se dice que la lucha por la igualdad de género es obsoleta y redundante porque ya somos iguales, se está enmascarando la desigualdad entre hombres y mujeres y con ello reforzando las estructuras de poder patriarcales. Cuando la publicidad, las series de TV, el cine o los cómics muestran acríticamente los roles que las sociedades patriarcales han asignado a hombres y mujeres están cooperando activamente en la creación de un caldo de cultivo que facilita la violencia de género. Cuando los medios de comunicación aceptan anuncios sobre prostitución están reforzando la ideología de la violencia sexual.

Por eso, no podemos conformarnos sólo con identificar la ideología que allana el camino a la violencia de género. Es necesario ir más allá: es necesario prevenir. Y para eso hay que trabajar intensamente con niños y niñas, chicos y chicas. En la familia, en la escuela y a través de los medios de comunicación, niños y niñas aprenden valores y forjan conductas. Llevar la coeducación a las escuelas y problematizar críticamente en las aulas los mandatos socializadores de género contribuye a desactivar la ideología de la inferioridad de las mujeres. Persuadir a los medios de comunicación de que no deben reforzar los roles de género ni hipersexualizar a las mujeres es desactivar uno de los nudos principales que alimentan la ideología de la inferioridad de las mujeres.

Si el objetivo es acabar con esta violencia hay que empezar desde el principio, desde los procesos primarios de socialización; y para ello hay que diseñar políticas de igualdad de género para ser aplicadas en la familia, en las aulas, en los medios de comunicación y en todos los entramados institucionales y sociales. Es urgente que la sociedad se rearme moralmente contra esta violencia y que el poder político y la sociedad civil asuman que hay que detener lo que sólo puede ser designado como barbarie.

Cataluña y el euro por receta: cuatro meses de copago sanitario

La implantación en Cataluña a finales de junio del euro por receta, el impuesto que grava con un euro cada receta expedida por el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) no fue tarea fácil. A las críticas del gremio de farmacéuticos, que protestó porque la tasa les convertía en “recaudadores”, se sumaron multitud de incidencias técnicas en los primeros días de implantación. Además, boticarios y ciudadanos protestaron porque la implantación en julio del copago en función de la renta convertía a los catalanes en los únicos ciudadanos españoles con un doble copago farmacéutico. Algo que dejará de ser así con el anuncio, la mañana de este miércoles, de que la Comunidad de Madrid incorporará también dicho recargo en sus boticas en 2013. El consumo de medicamentos en Cataluña con receta descendió moderadamente en los meses de verano, situándose en los 100 millones de euros mensuales en septiembre, en lugar de los 138 millones de euros que se facturaron el mismo mes en 2011.
El impuesto, aplicable a todo medicamento expedido con receta y con un coste superior a 1,67 euros (con un límite de 62 euros anuales por ciudadano y no aplicable a los que perciben una pensión no contributiva o la Renta Mínima de Inserción), aterrizó en Cataluña tan solo siete días antes de que lo hiciera el copago en función de la renta del paciente, esta vez para todo el territorio nacional y prevista en el Real Decreto de Medidas Urgentes del Ministerio de Sanidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cuatro meses después de su llegada, el euro por receta parece haber cumplido con los objetivos que expuso el consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, para justificar la medida: la racionalización del gasto farmacéutico.
Aunque la compra de medicamentos se disparó un 20% justo el mes antes de la puesta en marcha del impuesto, a día de hoy las cifras mensuales de facturación en farmacias revelan que los ciudadanos han bajado moderadamente el consumo de fármacos expedidos con receta. Así, en junio de 2012 los farmacéuticos catalanes dispensaron medicamentos con receta por un valor de 145 millones de euros (142 millones de euros en junio de 2011). Un mes después, ya con el euro por receta implantado, la venta de fármacos recetados descendió a 108 millones y en agosto, a 102 millones. En la última recaudación disponible, la de septiembre, el monto asciende a 100 millones de euros.
“El euro por receta nos convierte en recaudadores”, denunció el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, días antes de su implantación de la tasa. En términos similares se expresó la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que aseguró que la tasa “daña seriamente la relación de confianza entre el farmacéutico y sus clientes” y exigió a la Generalitat que explicase "claramente" a la ciudadanía que “la farmacia no obtiene ningún beneficio económico con este tributo”.
En sus primeros días, la red central con la que las farmacias catalanas tramitan todas las dispensaciones de fármacos con recetas sufrió numerosos colapsos. Algunos, incluso imposibilitaron la venta de medicamentos durante toda una mañana, tal y como denunció el CCFC. Los farmacéuticos criticaron la "falta de previsión" de la Generalitat con el ciudadano como con el farmacéutico, que en muchas ocasiones se encontró en la tesitura de tener que llamar y pagar a un informático para la correspondiente actualización del software de oficina de farmacia.
Además de tratar de racionalizar el consumo de medicamentos, la Generalitat aseguró que el euro por receta le permitiría pagar antes a los farmacéuticos por los medicamentos que estos dispensan con coste reducido para el paciente. En Cataluña se da la circunstancia de que los boticarios deben esperar, desde octubre de 2011, un mínimo de 65 días entre el momento en el que se dispensa un medicamento y se cobra su facturación. El retraso del pago por parte de la Generalitat de la factura de los fármacos de julio fue el detonante de la primera huelga total de farmacias de Cataluña el pasado jueves. Si los farmacéuticos tienen que esperar más del doble de lo estipulado en el concierto que tienen con el Catsalut (35 días) es señal de que el euro por receta no ha terminado de cumplir con éxito este segundo objetivo con el que se justificó su implantación.
La Generalitat prevé que cada catalán pagará una media de 13 euros al año con este impuesto y estima recaudar unos 100 millones de euros al año (en 2012, dado que se implantó en verano, los cálculos prevén recaudar 50 millones). En previsión de posibles insumisiones como las del movimiento en contra del pago de peajes, El Ejecutivo catalán apeló a la “responsabilidad y conciencia social” de la población y anunció “sanciones administrativas” que comportan el recargo del 20% en el precio del medicamento, para aquellos que se nieguen a abonar el euro. Alrededor de 127.000 catalanes quedaron exentos en julio de pagar la tasa dada por percibir una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción (RMI).

Las tasas judiciales se disparan y las pagarán todos los ciudadanos

Un recurso de apelación por lo civil pasa de 300 a 800 euros

Las tasas judiciales —las que se abonan por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda— existen en España desde 2003, pero hasta ahora solo las pagaban las empresas (y no todas: únicamente a partir de un volumen de facturación). El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que extiende ese copago en la justicia a todas las empresas y a todos los ciudadanos, y disparó la cuantía de las tasas: en primera instancia pero, sobre todo, en segunda: poner un recurso de apelación, que ahora cuesta 300 euros a las empresas, costará 800 (a todo el mundo); uno de casación ante el Tribunal Supremo pasa de 600 a 1.200 euros.

Queda excluida la jurisdicción penal —que no tenía tasas ahora y seguirá sin tenerlas— pero se incluye por primera vez, junto a la jurisdicción civil (pleitos entre particulares) y la contencioso-administrativa (pleitos con la Administración pública), la jurisdicción social (derecho laboral), que ahora estaba exenta. Recurrir una sentencia sobre un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, costará 500 euros; si se llega al Supremo, 750. Las tasas no serán devueltas en ningún caso, aunque cuando el perdedor del pleito sea condenado a asumir las costas se hará cargo también de ese tributo.

Seguirán sin gravarse los asuntos de familia (divorcios, menores, filiaciones) o relacionados con la protección de derechos fundamentales, y tampoco pagarán, en ninguna instancia, quienes tengan derecho a la justicia gratuita y los desempleados.

El Gobierno ha enviado el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado para que emitan sendos informes, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Después, el texto volverá a pasar por el Consejo de Ministros e iniciará el trámite parlamentario. La ley podría entrar en vigor en verano.
“Cuesta más el abogado”

El Gobierno sostiene que el dinero recaudado con las tasas —fueron 172 millones en 2010, y ahora prevé llegar a los 300— irá destinado a financiar el servicio de justicia gratuita (el turno de oficio). Y asegura que el objetivo es evitar el “exceso de litigiosidad” en España y las maniobras de quienes se pasan años recurriendo, gratis, solo para dilatar el proceso judicial. Cada año entran en los juzgados nueve millones de asuntos; y, de los 130.000 recursos no penales que se producen, el 80% lo pierde el recurrente, según el CGPJ.

“Cualquier ciudadano que litiga ante los tribunales tiene que pagar a su abogado y al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el acceso a la justicia, y es un importe muy superior a estas tasas”, argumentan desde el Ministerio de Justicia. Y añaden: “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”.

Con las nuevas tasas, poner una demanda saldrá bastante más caro —los procesos monitorios por lo civil, que son los que suman más pleitos al año (casi 900.000), pasan de 50 euros a 100, por ejemplo—, pero recurrir saldrá mucho más caro. Un recurso de apelación, 800 euros en lo civil y lo contencioso (hay 130.000 al año), y 500 en lo social (hay 50.000). A esa cantidad fija, además, habrá que añadir una variable (que también existe desde 2003) en algunos pleitos.

Víctimas mortales por violencia de género (2003-2012)

MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO 2012:

El número de mujeres asesinadas por violencia de género

en lo que llevamos de año
asciende a 47 

Última muerte: Madrid, 19 de Noviembre de 2012

* Para consultar los informes sobre víctimas mortales por violencia de género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, pincha aquí.

*El balance de 2011 de mujeres muertas por la violencia machista fue de 66.

*El balance de 2010 de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas es de 78.

*El balance de 2009 de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es de 73. Para consultar los datos sobre violencia de género de la Red feminista contra la violencia de género en 2009, pincha aquí.

Entre 2003 y 2011 605 mujeres han muerto a causa de la violencia machista

VICTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GENERO 2012

Ana Mato anuncia que las víctimas de maltrato están exentas de las tasas judiciales en casos de divorcio

El Gobierno pondrá en marcha una única ventanilla que concentre las ayudas para las agredidas

JARA CEREZUELA / Barcelona

En lo que llevamos de año, 43 mujeres han fallecido a manos de sus parejas en España. Organizaciones sociales, partidos políticos y el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad han organizado a lo largo del día varios actos conmemorativos para esta jornada de sensibilización contra la violencia machista.

La ministra Ana Mato ha presidido un homenaje a las víctimas de maltrato en el patio del Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía. Mato ha asegurado que para combatir la violencia de género se necesita un mensaje de unidad, así como el rechazo general de la sociedad, y ha comunicado que España será sede, el próximo abril, de un encuentro europeo para reforzar la lucha coordinada contra el maltrato.
Ana Mato también se ha referido a la polémica con el incremento de las tasas judiciales que, según colectivos de afectadas, pueden disuadir a mujeres en situación de maltrato de denunciar a su agresor.
La ministra ha dicho que "en todos los procesos de violencia de género, las víctimas están exentas del pago de las tasas". La exención se refiere a los procesos penales y en los casos de separación y divorcio, al tramitarse por la vía civil, no habría que pagar nada si la mujer maltratada tiene hijos menores a su cargo y ha solicitado una pensión alimenticia.
El gobierno pondrá en marcha la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, que consiste en la creación de una única ventanilla que concentre la burocracia correspondiente a las ayudas para las afectadas de maltrato.
Redes sociales contra el maltrato
Las redes sociales se han unido desinteresadamente a la campaña de sensibilización contra la violencia de género. Con los hastags #MachisNo y #denunciaalmaltratador, Twitter se ha llenado de carteles y mensajes de apoyo a las víctimas de maltrato, y también de ánimo a denunciar a las afectadas que aún no lo hayan hecho.

Un Pensamiento Positivo para este dia

Encadenada (Cristina del Valle)

Recuerdo como renuncié a todo

y desde la nada me encuentro llena.

Doy las gracias a las primeras

que descolgaron maderas, 

desclavaron armarios

con puertas de plata

para hoy darte la mano.

Para hoy darte un si quiero.

Hoy doy las Gracias

a todas aquellas

que se pusieron pantalones

a las que lucharon

a las que gritaron en femenino

a las que amaron.

Tiempos de abrir puertas.

Tiempo de dar gracias a los muertos.

Nuestra revolución no empieza hoy

ni ayer.

es la revolución del siempre

aunque tiene momentos amargos

que dejan los labios agrietados

y los corazones parados.

Siempre quise y querré ser princesa

pero de tu cuento mi amor.

Gracias a las primeras, a las segundas y a las terceras

por que no hay aqui lugar privilegiado

pero sí la meta de llegar a mi lado.

Siempre ,Gracias.

Monica Marsoch

Adiós a las campañas a bombo y platillo contra la violencia machista

‘Hay salida’, primera campaña del Gobierno contra la violencia de género


La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado hoy la primera campaña del Gobierno contra la violencia de género. Con el lema Hay salida, la campaña, que se compone de un anuncio para televisión, ha contado con la participación de numerosos artistas como Emilio Aragón, los actores Juanjo Artero, Imanol Arias, Mario Casas o Marc Márquez; el director Fernando González Molina, el productor Daniel Écija. La cantautora Rosana ha cedido para la campaña una canción. Todos han colaborado desinteresadamente, según el Ministerio.

Esta campaña, que se dará a conocer en los próximos días, es la primera encargada por el departamento de Ana Mato. Los meses anteriores, para tratar de ahorrar en este capítulo, se trató de reciclar anuncios existentes encargados por el Gobierno anterior o las comunidades autónomas, como declaró el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

Se acabó con los anuncios en la tele. Las amplias campañas de sensibilización contra la violencia machista han llegado a su fin: se han caído de los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha recortado en un 21,6% los fondos destinados a prevenir este problema. El Gobierno anterior hacía campañas a bombo y platillo. Campañas de televisión muy caras. Nosotros creemos que hay medios más eficaces y baratos, ha justificado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. Unas campañas que ya se hacían en el Gobierno popular de José María Aznar. Unas campañas que, según los expertos, son un importante medio de lucha contra una lacra que se cobró 61 vidas de mujer el año pasado.

La partida para publicitar el problema que supone la violencia de género, hasta ahora dirigidas a víctimas, personas próximas e incluso a agresores, tendrán un 70% menos de presupuesto, según explicó Moreno en una rueda de prensa para explicar los presupuestos de 2012. El año pasado se gastaron cuatro millones de euros en ellas. Ahora se limitan los fondos a 1,2 millones. La prioridad ya no será la televisión, sino las redes sociales, una forma de llegar a los jóvenes, que no ven la televisión, según este responsable. Los adolescentes serán la diana. Nos preocupan mucho, aseguró Moreno. Explicó que la estrategia de comunicación se reorientará y que se harán campañas en radios, revistas, y asociaciones que llegan a las mujeres. Medios que definió como muy efectivos y más económicos.

Las campañas de concienciación nunca fueron de bombo y platillo. No se hablaba de lo que hacía el Gobierno, sino de cómo actuar frente al maltrato. Los mensajes se dirigían a las víctimas, pero también a los agresores y al entorno, explica Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno de Violencia de Género. Tenían impacto y eran eficaces, añade. Tarjeta roja al maltrato, mamá, hazlo por nosotros, actúa, o cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre fueron algunos de los lemas de unas campañas que también se dirigían a las redes sociales, puntualiza Lorente. Va a disminuir la concienciación sobre la violencia y eso se va a volver contra las víctimas, pronostica. Este es un problema que debe resolver la sociedad, pero hay que concienciar continuamente, asegura.

También a Consuelo Abril, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, le preocupa que el presupuesto dedicado a este tipo de recursos esté esquilmado. Suponen una pieza vital para la concienciación y la prevención del fenómeno, dice.

Las campañas son, también, una obligación legal. La Ley contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en 2004, establece que los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización con el fin de prevenir la violencia de género.

Pero el proyecto de Presupuestos Generales no solo prevé un gran tijeretazo en estrategias de comunicación. El dinero para violencia de género del Ministerio de Sanidad se reduce en casi todas las partidas. El único concepto que incrementa su dotación es el de asistencia social a las maltratadas, que sube un 16% y se sitúa en unos cinco millones de euros. Hasta este año, esta partida se distribuía entre las autonomías. El ministerio no ha aclarado cómo se dividirá ahora, aunque sí ha explicado que se destinará a financiar organizaciones especializadas en ayudar a mujeres víctimas de violencia machista, sin aclarar qué requisitos deben cumplir y cómo acceder a los fondos. Hemos tratado de trabajar en la parte más importante, la asistencia social a las mujeres, afirmó Moreno, que aseguró la manera más eficaz de atender a las víctimas era actuar a través de esas organizaciones.

Habrá que ver si el sistema de distribución de esas subvenciones es transparente, y no partidista, indica Abril, que alerta de que los recortes previstos pueden tener consecuencias graves. La violencia machista es una cuestión de derechos humanos, y no se puede recortar en derechos humanos, añade.

¿Cómo se puede rebajar el presupuesto en igualdad y en violencia de género y dar una amnistía general a los defraudadores de impuestos?, plantea Ana María Pérez del Campo de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, veterana activista contra el maltrato. Han entrado a saco. Los fondos ya estaban por debajo de las necesidades. Es un recorte ideológico que demuestra que el Gobierno no tiene intención de acabar con estos problemas, añade. ¿Han reducido el presupuesto para las víctimas de ETA?, se pregunta.

En políticas de igualdad, el Instituto de la Mujer, el organismo autónomo dedicado a alentarlas, sufre una rebaja de fondos del 9,3%. Se queda con 18,7 millones. Hemos tenido que hacer ajustes severos, dijo el secretario de Estado, que achacó el recorte a la necesidad de atajar el desajuste de unos 9 millones de euros que aseguró habían recibido como herencia del Gobierno anterior. La partida de igualdad del ministerio se reduce en un 18%, hasta los 24,9 millones.

pide que la Ley de Tasas no afecte a las mujeres maltratadas

La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, María Silvestre, ha criticado la Ley de Tasas Judiciales por dejar a las mujeres maltratadas en situación de desamparo y ha pedido que se hagan excepciones en su aplicación para que no afecte a este colectvo.

Silvestre ha participado en la concentración convocada ante la sede del Gobierno vasco de Lakua en Vitoria con motivo de la celebración, el domingo, del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. En la misma también ha estado el lehendakari en funciones, Patxi López, y varios consejeros de su Gobierno, así como la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano.

Tras la concentración, Silvestre ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la Ley de Tasas Judiciales, que ha considerado "claramente injusta" porque "se carga la igualdad de acceso de la ciudadanía a la Justicia" y sitúa en "un gran desamparo" a colectivos "vulnerables" como el de las mujeres maltratadas. En este sentido, ha insistido en que esta ley limita la posibilidad de que una mujer que sufre agresiones por parte de su pareja se divorcie porque "se le impone una carga económica" para acceder a la Justicia.

"Es una clara incoherencia por parte del Ministerio establecer esta medida sin haber previsto una situación de excepcionalidad para las mujeres que sufren maltrato", ha denunciado. Por ello, ha abogado por que la ley prevea "excepciones" para este colectivo que, según ha recordado, ya se hacen en temas relacionados al acceso a las viviendas protegidas o a la inserción laboral de estas mujeres.

Asimismo, Silvestre ha destacado el esfuerzo institucional que se hace para luchar contra la violencia machista y ha hecho hincapié en que en estos momentos no hay más situaciones de maltrato que hace unos años, sino que ahora se hace más visible que no se trata de un problema del ámbito privado.

Por su parte, Mariola Serrano ha asegurado que se está consiguiendo que "miles de mujeres salgan del círculo de violencia que están viviendo e inicien relaciones libres" de maltrato, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la prevención, concienciación y sensibilización, sobre todo entre la gente joven".

Ante la Diputación alavesa también se ha celebrado una concentración en contra de la violencia machista a la que ha asistido el diputado general, Javier de Andrés, junto con miembros de su gabinete. La responsable de Política Social de Alava, Marta Alaña, ha leído una declaración institucional aprobada por el Consejo de Diputados, en la que se destaca que la lucha contra "esta gravísima violación de los derechos humanos debe ser y es uno de los ejes prioritarios de intervención de la institución.

Riesgo de retroceso

A los ocho años de haberse aprobado la Ley contra la Violencia de Género hay motivos para el optimismo, porque el número de asesinatos sigue bajando, pero también de preocupación, pues algunas decisiones políticas y legislativas en curso podrían poner en peligro los avances logrados. En lo que va de año han sido asesinadas 43 mujeres, frente a las 51 que en ese periodo lo habían sido en 2009. Se confirma la tendencia a la baja, pero el ritmo es muy lento y la cifra global sigue siendo una lacra insoportable.

Pero los datos también ofrecen motivos de alerta. Tras un periodo de ligeros descensos, este año ha vuelto a incrementarse el porcentaje de mujeres que presentan denuncia y luego desisten. Concretamente, se ha pasado del 11,54% en 2011 al 13,11% en junio pasado. Este dato es preocupante porque podría indicar que aumenta la situación de precariedad y la vulnerabilidad de las mujeres maltratadas. Algunos expertos atribuyen a la crisis este mayor número de desestimientos. La dificultad de retener o encontrar trabajo y el descenso de los ingresos familiares podría ser una razón para retraerse, lo que implica prolongar una situación de sufrimiento que no solo padecen las mujeres sino también, muchas veces, sus hijos.

Amnistía Internacional ha denunciado que las mujeres maltratadas siguen encontrando serios obstáculos en la obtención de amparo por parte de la justicia y de los organismos públicos. Esta organización cita el elevado número de sobreseimientos que se producen y la disminución de las órdenes de protección, pese a que han aumentado las denuncias. En el segundo trimestre de este año se presentaron 32.704, un 5,9% más que en el primero.

La situación puede agravarse a causa del incremento de las tasas judiciales. El nuevo sistema encarecerá de forma sustancial la tramitación de un divorcio y la reclamación de cantidad, lo que puede inducir a muchas mujeres a desistir de las acciones legales. Por otra parte, el proyecto de reforma del Código Penal incluye cambios que, de prosperar, supondrían un retroceso, como dejar de considerar agravante el que la agresión se produzca en presencia de los hijos. Si a ello se añade que las partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia machista se han reducido un 28% desde 2010, cabe preguntarse si el Gobierno concede a este problema el carácter prioritario que precisa.

La violencia contra la mujer

Cuando se piensa en violencia contra la mujer se focaliza en violencia física, pero también está la violencia del color rosa: ¿Por qué las estanterías de ropa para niñas están invadidas de rosa? ¿Es el único color afín a su naturaleza? Le sigue la violencia contra las chicas decididas. ¿Por qué no se fomenta en las niñas la ambición? ¿Por qué cuando una mujer asciende se mide todo en ella, desde su vida personal a su estilo, sus “cargas familiares”, etcétera? También tenemos la violencia del verbo “sacrificarse”: sacrifícate por tus hermanos, tus hijos, la familia… para mantener esta sociedad y su sistema. Siguiente acto violento, el del cuerpo que debe mantener joven para no ser relegada. Y ¿por qué siendo las mujeres las que educan, todas estas formas de violencia se repiten? Porque educar es arriesgado y no se les enseña a arriesgar, sino a seguir un patrón. De este modo, aún hoy, lo femenino continúa sin mostrar su realidad todos los días, no solo el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.— 

Natividad Lara Cepeda.

Los socialistas piden “desterrar” la violencia machista

Reclaman una sensibilización personal y colectiva contra las agresiones a las mujeres

PSE-EE ha considerado que no habrá una sociedad justa hasta desterrar la "realidad miserable" que supone la violencia contra las mujeres y ha agregado que no se pueden permitir ningún tipo de recorte en la prevención, sensibilización y protección de las mujeres para evitar cualquier tipo de agresión.

En un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, las responsables de Igualdad de la Ejecutiva de PSE-EE de Euskadi y de los tres Territorios, Miren Gallastgui, Susana García Chueca, Maite Berrocal y Ana Belén Quijada, dicen que la violencia de género constituye la "máxima manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres" y consideran que a la igualdad efectiva de oportunidades y derechos le queda mucho por recorrer.

"Para ello, es necesario consolidar las medidas que se han puesto en práctica hasta la fecha y diseñar políticas públicas con perspectiva de género, avanzando en otra serie de medidas, de corte transversal, porque una sola mujer que padezca violencia por el hecho de serlo, es el ejemplo de un fracaso colectivo", indican las representantes de PSE-EE.

Tras mostrar su rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, así como a cualquier forma de sexismo, consideran "intolerable la constatación progresiva de que las generaciones más jóvenes están reproduciendo patrones de comportamientos sexistas en sus relaciones afectivas y de pareja, lo cual nos debe hacer pensar que no es suficiente luchar contra la violencia hacia las mujeres sin apostar por un cambio profundo de los modelos de masculinidad y feminidad, así como de la manera en que se construyen las relaciones afectivas y sexuales entre las mujeres y los hombres".

A su entender, es necesario "trabajar la prevención de la violencia machista con la juventud, dotándola de educación igualitaria, recursos y herramientas suficientes para que construyamos nuestras relaciones con los principios de igualdad, libertad y respeto".

Según señalan en su escrito, "vivimos tiempos difíciles y sin políticas igualitarias y progresistas, sólo se dan pasos hacia atrás. Las mujeres seguimos constatando dificultades para tener un empleo, para hacer compatible la vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad, o la atención social, para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, para incorporarnos a espacios de participación y toma de decisiones".

Por ello, aseguran que "no podemos permitir recortes en prevención, sensibilización y protección de las mujeres, y de sus hijas e hijos, frente a la violencia de género". Por ello, invitan a las instituciones, a organizaciones y resto de partidos políticos a "defender el mantenimiento de los recursos necesarios para poder seguir trabajando en la prevención y sensibilización frente a la violencia machista y en el apoyo y protección a las mujeres".

Por este motivo, los socialistas vascos animan a toda la ciudadanía vasca a "comprometerse personal y colectivamente a favor de la igualdad de mujeres y hombres y a participar en cuantas acciones, actos, concentracones se convoquen en contra de cualquier manifestación de violencia o discriminación de género".

Amnistía denuncia las trabas judiciales que sufren las maltratadas

Para una víctima de violencia de género denunciar no es fácil. La mayoría cuenta que dar el paso cuesta mucho. Por el miedo al agresor y también a lo que pasará después. Para las instituciones, solo la denuncia activa la red de protección social para las mujeres maltratadas. Pero las víctimas no tienen que vencer únicamente sus propios obstáculos. “Se enfrentan a trabas que dificultan su acceso a obtener justicia y protección”, reclama Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnístía Internacional. Barreras, argumenta esta organización, como escasez de información adecuada sobre sus derechos, graves déficit en la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada, faltas importantes de diligencia en las investigaciones judiciales, prejuicios sobre su situación que perjudican que puedan resolver sus procesos.

Como el caso de Grace, una nigeriana de 31 años, víctima desde hace años de malos tratos por parte de su novio, un hombre español. En junio, después de una paliza, fue a la comisaría con una herida en la frente. Le habían tenido que dar 10 puntos. La mujer denunció lo ocurrido. Sin embargo, a pesar del temor a nuevas agresiones, no pidió una orden de protección. Grace, tal y como revela un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy en el que se recogen testimonios de mujeres y datos, no habla castellano y no fue asistida por ningún intérprete. Ni siquiera sabía que tenía derecho a protección. La ley Integral contra la Violencia de Género marca que debe haber una asistencia especializada a las víctimas de malos tratos, pero Amnistía afirma que eso no siempre se cumple.

Las trabas, dicen, comienzan desde el primer eslabón de la cadena, en la denuncia; pero siguen cuando la denunciante quiere acceder a un abogado. Para Amnistía, no hay suficientes abogados de turno de oficio. Y entre los que hay muchos no cuentan con la formación especializada para estos asuntos. La dotación de personal para estas causas nunca ha sido boyante, pero ahora “los recortes presupuestarios podrían estar mermando aún más la disponibilidad de abogados”, dice el informe Qué justicia especializada de esta ONG. Y los que hay, afirman, tienen poco tiempo y no mucha sensibilidad.

La mayoría de las mujeres, además, se encuentran con su abogado pocos minutos antes de la comparecencia judicial lo que dificulta, sin duda, una defensa de calidad. “Se han documentado casos negligencia grave de abogados, como no recurrir autos de sobreseimiento o no proponer la práctica de pruebas que sabían que estaban disponibles”, afirma María Naredo, investigadora y autora del informe de Amnistía. Como en el caso, documentado por la organización, de una mujer dominicana que denunció a su marido en 2012 y que estuvo esperando más de ocho horas a su abogado en la comisaría. Una larga espera para que, después, el letrado no le informara de que podía acudir a un hogar de acogida y tuviera que volver a su domicilio, con el agresor.

La organización pone el acento en el abultado número de sobreseimientos judiciales (casos archivados) en los procesos por violencia de género. Entre 2006 y 2011, el 64% de los casos fueron sobreseídos. También en que el número de sentencias condenatorias apenas está en un 60%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y la mayoría de las sentencias absolutorias, apunta Amnistía, se dictan por falta de pruebas. “Pruebas que el abogado no siempre propone o que el juez no reclama. Es preocupante, pero si las víctimas no aportan las pruebas necesarias para acreditar lo ocurrido, el caso es sobreseído sin apenas investigación de oficio”, afirma Naredo. Y si no hay muestras físicas de las agresiones, los obstáculos se multiplican. Las victimas tienen más dificultades para que las denuncias por violencia psicológica o sexual --donde las mujeres no tienen lesiones visibles— prosperen. "Las historias de malos tratos son muy largas, y a las víctimas, que llegan en estado de shock, no se les deja hablar suficiente ni expresarse", añade la investigadora.

La abogada Consuelo Abril, miembro de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, también cree que aún existen numerosas trabas dentro de la propia justicia para la lucha contra la violencia de género. “La ley integral fue rupturista e innovadora, va acompañada de una serie de medidas, pero son insuficientes. Y todavía queda mucho recorrido”, dice. Abril también destaca que los recortes están lastrando aún más la persecución de estos delitos. “Ha decaído como también el tono de lucha política contra estos asuntos también ha bajado”, apunta.

Abril expone que los actores –abogados, jueces, fiscales— que participan en los procesos judiciales no siempre conocen a fondo la realidad de los malos tratos. “Hay muchos profesionales que está en los juzgados de violencia de género sin formación y sin conocer las peculiaridades del maltrato, y eso es fundamental”, dice.

Como en el informe de Amnistía Internacional, esta abogada también cree que los obstáculos se hallan desde el inicio mismo de la denuncia. “Las mujeres tienen derecho a la asistencia letrada, pero suele ser una asistencia muy limitada. Primero porque los abogados de turno de oficio no son muchos y segundo por la falta de tiempo que tienen. En un despacho privado se valora durante días qué es mejor para la defendida; en el turno de oficio es común que se le dediquen algunas horas o incluso unos pocos minutos a la preparación de los casos”, dice.

Prejuicios y contradenuncias

Álvarez, la responsable de Política Interior de Amnistía, se ha mostrado preocupada por el aumento del número de contradenuncias en los procesos de violencia de género. Cada vez son más los denunciados que deciden a su vez denunciar a la mujer para aparecer también como denunciantes en los procesos. “A veces denuncian porque tienen alguna señal física de que la mujer se ha defendido. Otras lo hacen por su honor y para poner en duda la credibilidad de la mujer y su relato. Tratan de hacer ver que la denuncia de la mujer es falsa.

Prejuicios no solo de los jueces o fiscales, critica Amnistía. También de los propios abogados de las propias víctimas. Sobre todo hacia las mujeres extranjeras. Como el caso de Raquel (nombre supuesto), que en una entrevista que recoge el informe de esta organización, relató que su abogada le había preguntado si utilizaba la denuncia por malos tratos para quedarse en España. “Tú no tienes cara de maltratada; tú, qué quieres, ¿los papeles’”, cuenta que le espetó la letrada.

“Tenemos que poner el foco en terminar con la situación de impunidad que se vive ahora, motivada por la falta de diligencia encadenada en los procesos”, reclama Álvarez. “Hay que derribar los mitos de sospecha, de que las mujeres se guían por móviles espurios para denunciar. Todavía hay muchos que se creen esto”, afirma.

Inmaculada Montalbán, presidenta delObservatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, afirma que se ha avanzado mucho desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género."Estamos trabjando para mejora la respuesta judicial pero se ha avanzado mucho. Hoy en día las mujeres en 72 horas tienen una decisión sobre su orden de protección, por ejemplo. La especializaicón da buenos resultados, pero tenemos que seguir desarrollando los instrumentos", dice.

La magistrada reconoce, no obstante, que aún hay que seguir trabajando. “Primero en el apartado de la formación. De todos los profesionales –desde psicólogos a jueces-- y desde la misma universidad. Y luego no podemos olvidar que con los avances de la ley también han aparecido resistencias. Uno de ellos es activar el mito de las denuncias falsas y la falta de credibilidad de las mujeres. Mitos falsos”, dice.

Desde 2009 es obligatorio que quien ocupa un órgano judicial específico –como los de violencia de género— deben pasar un curso previo de formación. En el caso de los órganos que se ocupan de los casos de malos tratos se estudian contenidos relativos a igualdad, perspectiva de género. “Además, se incorporan clases prácticas y otras en las que se dan a conocer los recursos asistenciales de los lugares donde se va a desempeñar la función”, explica Montalbán. La presidenta del Observatorio destaca, sin embargo, que la formación tiene que continuar más allá de los cursos obligatorios.

Testigos y víctimas invisibles

El nuevo Código Penal suprimirá el agravante de maltrato a la pareja en presencia de menores

Seremos más indiferentes al sufrimiento de los niños y niñas. El anteproyecto de reforma del Código Penal suprime inexplicablemente el agravante de maltrato a la pareja en presencia de los menores. Y lo hace en un momento en el que no hay un solo estudio que no incida en el atroz castigo que inflige a los hijos quien maltrata, insulta, veja o asesina a su pareja sin importarle el efecto que semejante brutalidad causa en los niños, las víctimas más indefensas en esta realidad de violencia. ¿Somos indiferentes?

El 25-N es una llamada de la ONU para sensibilizar contra la violencia sobre las mujeres. España es un ejemplo para otros países en el diagnóstico y respuesta institucional contra esta violencia que tantas justificaciones sociales y culturales todavía encuentra. Llevamos más de una década impulsando medidas para atajarla y podemos afirmar, hoy por hoy, que se ha acabado con la impunidad. Pero nos enfrentamos con una hidra con múltiples caras y tentáculos que se obstina en penetrar en la estructura social y convertir en invisibles las profundas heridas que provoca.

Como invisible ha sido el dolor de los hijos e hijas. Tradicionalmente las leyes los han contemplado como testigos de los hechos violentos. Hoy, los estudios nos dicen que son tan víctimas como sus madres. La exposición de los menores a la violencia de género ha sido calificada por el Defensor del Pueblo andaluz como una tipología de maltrato infantil. El menor sufre la misma violencia que la madre: oye o presencia los golpes, insultos o menosprecios, siente el miedo y la asfixia cuando la tensión está a punto de estallar.

Nuestro Código Penal fija mayor pena para el caso de maltrato habitual a la esposa o pareja en presencia de menores. Esta agravante puede desaparecer de seguir adelante la anunciada reforma del Código Penal. Supone ignorar una de las características específicas de la violencia de género, que suelen existir más víctimas añadidas. Con la desaparición de la agravante será indiferente el plus de sufrimiento y los negativos efectos de esta violencia en la salud y desarrollo de los menores.

Las 343 sentencias analizadas por el grupo de expertos del OVDyG dan cuenta de al menos 235 mujeres víctimas mortales con hijos o hijas; 35 sentencias relatan que fueron testigos del asesinato de la madre. Según la última macroencuesta del anterior Ministerio de Igualdad, casi 840.000 menores estuvieron expuestos a la violencia de género en 2010.

Estos datos confirman dos asertos conocidos. En primer lugar, que la violencia de género sigue siendo un problema público porque afecta a las estructuras básicas de la sociedad y puede tener profundas repercusiones sociales si se transmite como modelo de comportamiento y de resolución de conflictos. En segundo lugar, y ya se ha dicho, que presenta unas notas que la hacen diferente de otros delitos. Una de ellas es que no hay una sola víctima. Son las mujeres y también sus hijos e hijas.

Los menores son testigos directos o indirectos, a veces instrumentos utilizados para provocar daño en la madre, pero también son víctimas. No son meros apéndices de la madre. Son personas con identidad propia, cuyo sufrimiento traspasa los conocidos como “secretos de familia” y puede enquistarse en secuelas tales como agresividad, miedo, aislamiento, desconfianza. Son personas que necesitan apoyo psicosocial y atención especializada para tratar de superar sus experiencias traumáticas.

La fórmula no es recortar el reproche legal a quien habitualmente tortura y atenta contra la dignidad de la esposa en presencia de menores. El camino es seguir implantando la Ley Integral y hacer visibles a los niños y niñas como personas doloridas en su condición de víctimas de la violencia de género.

Inmaculada Montalbán es presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (OVDyG).

Grietas en la lucha contra la violencia machista

Los recortes en servicios de prevención y asistencia son una traba para las víctimas de maltrato. En 2012, 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas

El Observatorio contra la Violencia de Género alerta contra los recortes
Las nuevas tasas judiciales frenarán la lucha contra la violencia machista


La crisis y los recortes también están pasando factura en la lucha contra la violencia machista. El tijeretazo de las administraciones se traduce en pocos medios para la prevención de esta lacra, menos recursos para asesorar a las víctimas —abogados gratuitos, servicios de orientación— y también para asistirlas. Solo en campañas de prevención el Gobierno ha recortado más de un 21%, a lo que se añade otro 18% en los fondos para políticas de igualdad; una pauta que se repite en las comunidades y ayuntamientos, que también han reducido programas y subvenciones a organizaciones especializadas. Embates que están abriendo pequeñas grietas en la red de protección a las maltratadas, según los expertos. Y no ayudan a taponarlas ni las negras perspectivas económicas para 2013, ni factores como las nuevas tasas judiciales, que suponen duras trabas para las víctimas.

El Gobierno cree, sin embargo, que a pesar de que hay menos fondos, el sistema de protección se mantiene en buen estado. Blanca Hernández, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que el recorte en la partida del Estado destinada a estos temas se ha aplicado a cuestiones que no afectan directamente a las mujeres, sino a viajes, reuniones, impresión de documentos... Tampoco cree que el tijeretazo de las autonomías, quienes financian de manera directa los servicios, haya agujereado la red. “Al margen de que las comunidades autónomas hayan tomado la decisión que hayan tomado, el sistema se mantiene. Además, vamos a ser muy escrupulosos en que las transferencias para las comunidades, que son quienes tienen las competencias, vayan a la atención de las mujeres”, dice.



Hernández insiste en que las víctimas de violencia de género tienen que escuchar de las administraciones y de todos los actores sociales un mensaje positivo que les ayude a salir de la violencia. “Es arriesgado que puedan sentir miedo y desprotección. Tienen que sentir y saber que los recursos están ahí. Que sepan que puedan confiar en el sistema de protección, porque las ampara. Deben sentir y saber que hay muchos medios a los que pueden recurrir”, recalca.

Este año, los machistas se han llevado por delante la vida de 43 mujeres. Con todo, 2012 se presenta con uno de los mejores datos de los últimos tiempos. En el mismo periodo de 2011, 54 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas; en 2010 fueron 65. Sin embargo, el éxito de las políticas contra esta lacra no se puede medir por el número de víctimas, recuerda Susana Martínez, presidenta de laComisión de Investigación de Malos Tratos. Así, ella y otros expertos, como Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, advierten de que en absoluto se puede bajar la guardia.

Por eso, les preocupa mucho el deterioro de los servicios. “Se está empezando a ver, y corremos el riesgo de que esto suponga un retroceso irrecuperable”, apunta Martínez. La poda se ha dejado sentir en casas de acogida que tienen ahora menos fondos y personal, ha provocado la desaparición de proyectos de prevención de la violencia —como los cursos de reeducación de maltratadores—; y este año, además, ha adelgazado las campañas de sensibilización.

Tampoco los servicios de orientación jurídica a maltratadas se han librado. A lo que se añade la escasez cada vez más aguda de abogados de turno de oficio. Algo que confirma Isidro Moreno, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Este año, dice, entre la escasez crónica y las huelgas por los impagos de la administración ha habido días en los que no había ningún letrado de guardia en Madrid. Y otros en los que solo un abogado se ha ocupado de la defensa de todas las víctimas. “Lo que está ocurriendo disminuye mucho la calidad del servicio que se presta”, dice.

Las cosas no van a mejorar en 2013. La partida destinada a Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado llegará con otro bocado: un 24% menos para políticas de igualdad y un 6,8% menos para la lucha contra la violencia machista.

Con menos prevención, asesoramiento y programas de asistencia a maltratadas, a estas les costará, critica la abogada de familia Consuelo Abril, alejarse de la situación de violencia que sufren. Y a estas trabas, dice, se añadirá en las próximas semanas otra: con las nuevas tasa judiciales, un divorcio pasará a costar entre 300 y 800 euros, lo que dificultará a las víctimas romper el último lazo con su agresor. “Nada de todo esto contribuye a que las mujeres denuncien, al revés”, recalca Abril. Solo siete de las 43 víctimas mortales de la violencia machista había denunciado a su agresor, un 16,3%. Un porcentaje similar al del resto de los años que no se logra mejorar.

A pesar de que se presentan más de 134.000 denuncias al año, todavía hay una amplia bolsa de malos tratos oculta. Es preocupante que muchas mujeres no denuncien. También que su entorno tampoco lo haga: apenas el 1,5% de las denuncias por malos tratos proceden de familiares o amigos. A ellos precisamente se dirige la nueva campaña que la Policía Nacional inicia hoy. “El entorno tiene que denunciar. Entre todos podemos cambiar un poco esta realidad”, apunta Ana Bella Estévez, presidenta de la fundación de ayuda víctimas de violencia de género que lleva su nombre. Ella misma sufrió malos tratos por parte de su exmarido durante años. Ahora se define como una superviviente. “La única forma de que se proteja a la mujer es denunciando una injusticia. Y hay que ayudarla para que lo haga, sea acompañándola, guiándola o directamente denunciando una realidad de la que nadie puede ser cómplice”, pide.

Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, cree que la reducción en los capítulos de políticas de Igualdad demuestra que para el Gobierno la lucha contra la violencia machista no es una prioridad. “No se puede recortar en programas de prevención de la violencia de género ni en planes de protección. Todo esto incrementa el riesgo de las mujeres que sufren malos tratos y de sus hijos”, incide. “El Gobierno ha reducido gastos en campañas de sensibilización y ha eliminado recursos para la atención y apoyo destinado a las comunidades. Y comunidades como Castilla-La Mancha han recortado el presupuesto en más de un 40%, lo que afecta a planes de sensibilización y a la atención de mujeres o a las casas de acogida”, sigue. “Con este Gobierno las mujeres tienen menos confianza para afrontar la decisión de salir de una vida en violencia”, dice.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no lo cree en absoluto. Afirma que la erradicación de esta lacra es una apuesta fundamental del Gobierno. “Se está luchando mucho por aunar esfuerzos con las comunidades y las organizaciones, para que todos trabajemos en red. Es importante que se trabaje desde todos los ángulos, la protección, la prevención y la detección. Y sobre todo hacerlo con una idea: que las mujeres que están sufriendo la violencia estén en primer plano”, dice.

Hernández cree que aún hay que poner el acento en la atención a grupos especialmente vulnerables: mujeres que sufren alguna discapacidad, mujeres del ámbito rural, mujeres mayores. También en los menores que son, dice, muchas veces víctimas olvidadas; aunque muchas veces además de ser testigos sufren la violencia de manera directa. El Gobierno, explica, para tener una radiografía de la situación mucho más afinada, contabilizará a partir de ahora no solo el número de mujeres fallecidas. “También se recogerá información de las lesionadas y hospitalizadas; eso nos hará tener una visión mejor de esta realidad tan atroz”, dice.

¿Por qué no vuelven a denunciar las mujeres que ya denunciaron?

“Si las mujeres no denuncian, no se las puede apoyar”. Este mensaje lo repiten como un mantra responsables políticas y profesionales relacionadas con la violencia de género. Se basan en que en pocos casos de asesinato había denuncias previas. Pero, ¿qué respuesta obtienen las mujeres que sí denuncian? ¿por qué no se pone el acento en los fallos que propiciaron los crímenes de mujeres con denuncias previas? La insistencia en recordar lo que las mujeres “deben” hacer, sin comprender los lastres que dificultan la denuncia, contrasta con la escasa atención política y mediática al análisis de la respuesta hacia quienes sí lo han hecho. Y aquí es donde habría que colocar el foco.


Hace más de siete años, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de género supuso un paso fundamental hacia la necesaria especialización de la respuesta judicial frente a los abusos de género. Desde entonces muchos y muchas profesionales de la abogacía, la judicatura o la fiscalía desempeñan una labor fundamental para la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, también en estos años, algunos datos y decenas de testimonios de mujeres alertan sobre trabas en el acceso y obtención de justicia. Entre los datos, es preocupante que en los últimos siete años el crecimiento de las causas archivadas haya sido diez veces superior al incremento de las denuncias, incluyendo casos en los que las mujeres siguen adelante con el proceso judicial. También ha crecido en más de diez puntos la denegación de órdenes de protección por parte de los jueces y se ha producido un descenso sostenido de las sentencias condenatorias.

¿Por qué este crecimiento de los sobreseimientos judiciales o las sentencias absolutorias para los agresores en casos de violencia de género? ¿Qué impacto tiene en las mujeres? ¿Y en los culpables? Lareciente investigación de Amnistía Internacional trata de dar respuestas a estos interrogantes. Detrás de las cifras, los testimonios de mujeres que vieron sobreseído su caso o cuyos agresores recibieron una sentencia absolutoria evidencian obstáculos de gran envergadura en el camino hacia la justicia.

La calidad de la asistencia letrada sigue dependiendo en gran medida del interés y sensibilidad personal de cada profesional. Casos como el de Elena (nombre ficticio) reflejan grandes carencias. Su abogado apareció diez minutos antes del juicio, no le proporcionó ninguna información, no formuló ninguna pregunta durante la vista y diez días más tarde recibió una sentencia absolutoria basada en la falta de pruebas. En cualquier caso, el impulso del proceso y el esclarecimiento de los hechos son también responsabilidad del juzgado y de la fiscalía, no solo de la víctima. Mujeres que, tras años de soportar malos tratos, vieron archivados sus expedientes por “falta de indicios de delito” recuerdan que el foco judicial solo iluminaba un episodio, generalmente una agresión física o amenaza puntual, y que tenía que ser ella, la víctima, la que, a pesar de su difícil situación emocional, debía recabar las pruebas.

A falta de investigación, el testimonio de quien ha sufrido el maltrato aparece frecuentemente como la única prueba y la búsqueda de indicios de denuncias falsas suele ser el objetivo central de muchos interrogatorios. Esta forma de afrontar los procesos, que revictimiza a las mujeres, no puede justificarse por la aplicación del principio de presunción de inocencia del acusado. Porque no se puede condenar a nadie sin pruebas, pero el Estado falla cuando no investiga.

La justicia negada supone, además de un maltrato añadido para muchas mujeres, la pérdida de confianza en el sistema judicial. Y esto es precisamente lo que desean sus agresores. Una mujer que, tras varias denuncias, no logra justicia afirma que no volvería a denunciar porque cada archivo o absolución “ha dado alas” a su maltratador. Es urgente ofrecer una respuesta a por qué no vuelven a denunciar las mujeres que ya denunciaron.

María Naredo es jurista e investigadora de Amnistía Internacional.

Ser mujer no es ser debil

Una famosa línea de lencería de México lanzó una campaña bajo el título "Los 10 mandamientos de la mujer", en ella se pedía a todas las mujeres del país que mandaran de manera anónima susreglas y normas para vivir. La campaña consiguió más de 25.000 propuestas, de entre las cuales se eligieron las 30 mejores y se pusieron a votación popular para, entre ellas, elegir los 10 mandamientos de toda mujer.

Los 10 mandamientos elegidos a través de los votos fueron estos:         Ver

CCOO manifiesta su más contundente rechazo contra todo tipo de violencia machista

Gaceta Sindical con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, que se celebra el próximo 25 de noviembre, CCOO edita una nueva Gaceta Sindical para manifestar su más contundente rechazo contra todo tipo de violencia machista; que es la manifestación más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres, y supone un atentado contra los derechos humanos.

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1525521-Gaceta_Sindical_especial_25_de_noviembre.pdf

Organizaciones de mujeres denuncian que las políticas de igualdad se recortan un 24 % en los PGE 2013

Asociaciones feministas, entre ellas CCOO, consideran que el Gobierno subordina al pago a los bancos los derechos de las personas -a la asistencia sanitaria, la educación y la atención a la dependencia- y los informes oficiales de impacto de género son banales, al afirmar acríticamente que todo, hasta el recorte de los recursos para la igualdad, es bueno para las mujeres.

Asociaciones feministas, entre ellas CCOO, consideran que si históricamente la ley de presupuestos representó la voluntad popular sobre cómo gastar los impuestos, y los presupuestos participativos y con perspectiva de género han supuesto dos pasos más para la democracia real, todo ello está hoy en cuestión, porque el presupuesto para el 2013 carece de credibilidad. Por ello, han elaborado un manifiesto que han entregado a los grupos parlamentarios que han asistido a la reunión de trabajo del día 12 de noviembre.

En el manifiesto denuncian que: "El presupuesto del Estado para 2013 asciende a 235.904,43 millones de euros, un 9,9% superior al de 2012, por el incremento de los intereses de la deuda, y el de la Seguridad Social a 128.236, el 95% para pensiones, y en 2013 crecerá un 5,2% por el envejecimiento de la población y por la subida de las pensiones en un 1%, sin establecer la actualización según el IPC.

1.- Las políticas de igualdad se recortan en un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y la lucha contra la violencia de género el 7%, sin contar el IPC del 3,4%. Si se compara con 2011, el recorte es del 39 y 27%. Son el 0,017% de los PGE.

2.- Reiteramos que no sólo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen a las mujeres, por acción o por omisión. A ello debería contribuir el Informe de Impacto de Género (IIG) que por 5º año acompaña al Proyecto de Presupuestos, pero que en sus 420 páginas incumple el mandato del CEDAW y de los 5 objetivos de ONU Mujeres, porque:

a. No se refiere ni una sola vez a las cifras, el contenido propio de los Presupuestos: la expresión cifrada, en euros, de los ingresos que el Estado prevé realizar y la limitación de gasto, en euros, en cada uno de sus programas.

b. No se refiere a la Seguridad Social, que supone el 40,1% del gasto no financiero del Estado, de cuyas pensiones -inferiores para las mujeres- viven 8 millones de pensionistas.

c. No compara las situaciones sociales y presupuestarias de partida (2012) con las concretamente previstas para 2013.

d. Afirma mecánicamente que el Presupuesto de Estado 2013, pese a los recortes en igualdad y en gasto social, tendrá un impacto "positivo" en la reducción de las desigualdades de género. e. No selecciona los programas con mayor incidencia en la situación social de las mujeres, y omite datos básicos de situación y objetivos, aunque por 1ª vez menciona los del Plan de Igualdad 2008-2011. f. Carece de resumen ejecutivo, para aumentar su incidencia real.

3.- El pago de la deuda se 'come' una cuarta parte del gasto. La deuda pública española actual - 70% del PIB en 2012, 90% del PIB en 2013- es ilegítima, porque, como señala la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda, al igual que en países de América Latina, África o Asia:

- ha sido inducida por los poderes financieros.

- asume como "públicos" 215.000 millones de euros, más 100.000 millones del fondo de rescate de la Unión Europea, para salvar a la banca.

- sus intereses ascenderán en 2013 a casi 40.000 millones de euros, a pagar a bancos extranjeros y españoles, porque el Banco Central Europeo, en vez de comprarla directamente, presta a los bancos dinero al 1% y ellos lo prestan al Estado al 6% o 7%. Los recortes en políticas sociales afectan al empleo femenino (base de la autonomía personal) y presionan para que seamos las mujeres las responsables del cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así una doble o triple jornada que impide la participación en el espacio público en condiciones de igualdad.

4.- El Estado impone a las hijas y familiares que compensen el desmantelamiento de la Ley de Atención a la Dependencia. Pese a que la exposición de motivos de la ley de 2006 reconoce la insostenibilidad del sistema de cuidados familiares, los recortes de diciembre, marzo y julio de 2012 continuarán en 2013, año en que el Ministerio tendrá que pagar 1.034 millones de cuotas a la Seguridad Social de cuidadoras familiares de años anteriores, que desde julio no tienen cobertura de Seguridad Social, y que constituyen el 45% de las prestaciones del SAAD, con paguitas de alrededor de 360 € al mes, perpetuando la feminización de los cuidados.

La Cobertura de la protección por dependencia, en vez de avanzar hacia la universalidad, ha perdido 9.487 beneficiarios de agosto a octubre 2012. La partida de prestaciones gestionada por las comunidades autónomas baja un 15%, 200 millones, y se queda en 1.087 millones, pese a que solo para atender a las 771.000 personas que hay actualmente en el sistema se necesitarían 300 millones más.

El Plan Concertado de Servicios Sociales con CCAA y Ayuntamientos tendrá un 40% menos, pasando de 50 a 30 millones de euros, con la consiguiente reducción de servicios de ayudas a domicilio y de emergencia social para las personas sin empleo ni protección social.

En conjunto, los recortes en materia de servicios sociales alcanzan el 14,4%, que sumados a los del ejercicio anterior, resultan en una importante disminución de los servicios.

5.- Sanidad Pública: ni universal, ni gratuita, ni de calidad. Tendrá un recorte del 22,6% respecto a 2012. A las medidas ya decretadas (exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia, repago farmacéutico incluso para pensionistas y repago en prótesis y transporte sanitario no urgente) y a su incidencia en el aumento de las listas de espera, se suma un mayor recorte de la cartera de servicios, en particular en derechos sexuales y reproductivos y aborto. Varias Comunidades han eliminado la detección sanitaria de la violencia de género. El Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio ha despedido a todo su personal contratado por lo que las estrategias de salud y género no podrán desarrollarse, y el recorte de sus transferencias a CCAA supondrá una pérdida de atención general y un parón en el programa de atención a la Violencia de Género y al Plan Nacional del Sida.

6.- El paro sube un 16%, las prestaciones por paro bajan un 6,3%. El Estado destruye más empleo que el mercado. Se asignan 26.696 millones, un 6,3% menos que en 2012, a prestaciones y subsidios, a pesar de que días después de la presentación del presupuesto, la EPA del 3 trimestre 2012 muestra un aumento anual del 16% en el desempleo, que ha alcanzado a 5.778.100 personas (2.674.700 mujeres), el 25,02% de la población activa. Ese trimestre ha sido muy superior el aumento del paro femenino (68.700 paradas mas) respecto al masculino (28.200 parados más), ligado a la destrucción de 49.500 empleos en el sector público y 47.600 en el privado. Los recortes de servicios públicos y de protección social, junto a la reforma laboral, despiden cada día a 1.000 personas. Además, cada vez que el Estado recorta servicios -educativos, sanitarios, sociales- de cuidado de las personas, cientos de miles de mujeres ven incrementada su carga de cuidados en las familias.

7.- Pedimos Educación pública: de tod@s para tod@s. El gasto educativo del Estado central se ha reducido casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013. El mayor recorte se da en educación compensatoria, destinada a los alumnos con dificultades: baja 116,5 millones, es decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones. Esta reducción baja la calidad de la educación pública y su contribución a la igualdad social y de género. La sustitución de comedores escolares por tarteras familiares, el recorte del transporte escolar, cierre de colegios rurales, aumentan directamente el trabajo doméstico, como también indirectamente inciden el aumento de las tasas, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, así como en la formación profesional y la universidad.

8.- La cooperación al desarrollo tendrá un 23,4% menos de dotación. El Ministerio de Asuntos Exteriores bajará de 683 a 523,37 millones de euros su cooperación para el desarrollo, tras recortar el 46,7% en 2011. La AECID ha tenido un recorte acumulado del 70% desde 2011, mientras Defensa ha aumentado un 175% en 2013, de manera que la Ayuda Oficial al Desarrollo cae al 0,2% del PIB, alejándose del compromiso mundial del 0,7%, y de ella el 19 % es para FONPRODE, destinado al comercio, no a la igualdad social y de género, y se ha eliminado la Dirección General de Políticas de Género.

9.- Otros aspectos presupuestarios de gran impacto de género son: La indefinición sobre la actualización de las pensiones al IPC, y respecto a la Pensión de viudedad, la suspensión del incremento del 52 % al 60 % de la base reguladora de la D.A. 30 de la Ley 27/2011.

La congelación del salario mínimo en 532,51 € mensuales. La suspensión, un año más, de la ampliación a 4 semanas del Permiso de Paternidad. "